Coordinación Campesina del Valle del Cauca

Continúa la preseión contra las comunidades campesinas de Tuluá

2008-07-09T07:07:00.000-07:00

URGENTE

A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

LA RED DERECHOS HUMANOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO
"Francisco Isaías Cifuentes"

DENUNCIA PÚBLICA

AL SUR OCCIDENTE DE COLOMBIA, SOBRE LA CORDILLERA CENTRAL, EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, MUNICIPIO DE TULÚA, CORREGIMIENTO MONTELORO, VEREDAS SANTA HELENA – PEPITAS Y LA FLORESTA.

En desarrollo de la autodenominada "Estrategia para el Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo Social" y los componentes de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática. El Estado Colombiano, continúa desplegando una guerra de terror militar en contra de humildes ciudadanos campesinos, sus líderes naturales y sus organizaciones.

DE ACUERDO A DENUNCIAS RECIBIDAS RECIENTEMENTE:

En desarrollo de la Política de Seguridad Democrática, militares del Estado Colombiano integrantes de la Brigada Móvil No. 20, agregada operacionalmente a la III Brigada, adscritos a la III División del Ejercito del Estado Colombiano al mando del Mayor General JUSTO ELISEO PEÑA SÁNCHEZ. Continúan aterrorizando a los pobladores y líderes naturales, mediante ejecuciones extrajudiciales, retenciones arbitrarias, señalamientos, agresiones físicas y psicológicas y la realización de actos de vandalismo y pillajes.

Como política de Estado, el ejército del Estado Colombiano, asesina, señala, comete actos de vandalismo y retiene arbitrariamente indefensos campesinos y posteriormente los presenta ante los medios masivos de comunicación y ante la comunidad internacional como insurgentes dados de baja en combate o como hechos realizados por "malos" elementos de la institución castrense.

Hechos realizados, en el afán del Estado Colombiano por posicionar el sofisma del incremento de resultados cuantitativos de la política de "seguridad democrática" en su lucha frontal contra el "enemigo interno" y que en realidad son acciones sistemáticas de exterminio popular realizadas por el Estado Colombiano en su función de control social y territorial, en donde a través de la intimidación y aniquilación de campesinos y sus organizaciones, el estado busca expropiar a campesinos de sus medios de producción comunitarios, desarraigarlos de sus territorios ancestrales y su cultura, atacando sistemáticamente a organizaciones y a sus líderes naturales, para posteriormente insertar a los lugareños en el modo de producción capitalista a través de planes y proyectos denominados de desarrollo sostenible.

Esta clase de acciones que en la cordillera central, tienen amedrentada a las comunidades campesinas, son ejecutadas como política de Estado y a diario se desarrollan en Colombia, por lo tanto, responsabilizamos al estado colombiano en cabeza del señor ÁLVARO URIBE VÉLEZ, al Gobernador del Departamento del Valle del Cauca, señor JUAN CARLOS ABADIA y a las fuerzas militares por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos en contra de los ciudadanos asentados en las zonas de operaciones del ejército de Colombia en el municipio de Tulúa.

HECHOS.

Al sur occidente de Colombia, sobre la cordillera central, en el Departamento del Valle del Cauca, municipio de Tulúa

Martes 1 de julio de 2008

En el corregimiento Monteloro, vereda Santa Helena – Pepitas, finca La Eucaliptera, lugar de residencia del humilde ciudadano campesino CÉSAR CUADROS LEAL cerca de las 6:20 de la mañana hacen presencia Militares del Estado Colombiano pertenecientes a la Brigada Móvil No. 20.

Cerca de las 6:30 de la mañana en momentos en que el humilde campesino CÉSAR CUADROS LEAL se dirigía a ordeñar una vaca de su propiedad, llevando en la mano sus herramientas de trabajo (un filtro (colador) y un balde), es abordado por un grupo de Militares del Estado Colombiano pertenecientes a la Brigada Móvil No. 20, quienes a través de ráfagas y disparos tiro a tiro de fusil Galil impactaron su cuerpo causándole la MUERTE.
Segundos más tarde, sobre el cuerpo sin vida del ciudadano campesino CÉSAR CUADROS LEAL, el grupo de militares del Estado Colombiano procedió a colocarle un fusil en la mano, un cargador en el cinto y una cajetilla de cigarrillos (Es de señalar que el campesino Cuadros Leal no fumaba, ni portaba armas de fuego o proveedor). Finalmente un militar del Estado Colombiano cubrió el cadáver con una carpa camuflada mientras que otros lavaban el balde y el filtro que habían quedado manchados de sangre.

La Humilde ciudadana colombiana NATALY GARCÍA RAMOS de 20 años de edad (esposa de Cuadros Leal) al oír las ráfagas de fusil salió de la vivienda en búsqueda de su esposo, pero varios militares del Estado Colombiano le impidieron el paso hasta el sitio donde se encontraba el cuerpo sin vida de su esposo.

Posteriormente un grupo de militares del Estado Colombiano, retuvieron arbitrariamente a la ciudadana colombiana NATALY GARCÍA RAMOS en el corredor de su casa de habitación.

Cerca de las 2:00 de la tarde un militar del estado Colombiano, de rango cabo y de apellido PEÑA, se dirige a la señora GARCÍA RAMOS y le exige las llaves de una moto DT 125 de placas KIQ08 que se encontraba en el lugar, argumentando que se la iba a llevar a "mi teniente".

Las humildes ciudadanas colombianas NATALY GARCÍA RAMOS y MARY LUZ ARANGO (amiga de García Ramos), pasaron retenidas arbitrariamente toda la noche por seis militares del estado Colombiano que se apostaron en la residencia.

Miércoles 2 de julio de 2008

Cerca de las 6:30 de la mañana, la humilde ciudadana campesina NATALY GARCÍA RAMOS, retenida arbitrariamente desde el día anterior, es abordada por un grupo de militares del Estado Colombiano, quienes la trasladan a la fuerza hasta el lugar en donde se encontraba un oficial del el ejercito del Estado Colombiano de rango teniente y apellido sin identificar, quien estaba ubicado a cerca de hora y media de camino a pie. En el lugar él Teniente le dice a la señora GARCÍA RAMOS que su esposo era un guerrillero y que por eso lo habían matado, mientras que le enseña el cadáver de su esposo con el fusil y el cargador que adiciono el grupo de militares del Estado Colombiano.

Jueves 3 de julio de 2008

Corregimiento de Monteloro, vereda La Floresta, finca La Meseta, cerca de las 11:00 de la noche, un grupo de militares del Estado Colombiano hacen presencia en la casa de habitación de la humilde ciudadana campesina MIRIAM GAVIRIA.

Posteriormente los militares del Estado Colombiano, además de ingresar a la propiedad sin autorización u orden judicial, proceden a realizar ruidos graves y agudos perturbando la tranquilidad del hogar campesino, al tiempo que golpean un perro de la finca y proceden a consumir MARIHUANA.

El grupo de militares del Estado colombiano drogados, al notar que la ciudadana colombiana MIRIAM GAVIRIA y sus pequeños hijos menores de edad se encontraban en el lugar, procedieron a golpear con punta puntapiés y golpes de elementos contundentes en repetidas ocasiones las paredes de la casa y el piso del corredor hasta aproximadamente las 3:00 de la mañana del día 4 de julio. Finalmente los militares del estado Colombiano cortaron los alambrados de la finca La Meseta, ocasionando que las reses y animales de carga de la señora GAVIRIA se salieran del predio.

Es de resaltar que la ciudadana colombiana MIRIAM GAVIRIA, en la actualidad es integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Floresta y líder del Grupo de Mujeres "Gotas de Esperanza".

ANTE EL TEMOR EXPRESAMENTE FUNDADO DE LAS COMUNIDADES FRENTE A LAS EXTRALIMITACIONES EN EL EJERCICIO DE LA FUERZA POR PARTE DE MILITARES COLOMBIANOS EN EL SECTOR DE COMUNIDADES CAMPESINAS Y LOS LAMENTABLES PRECEDENTES DE ACCIONES SIMILARES.

DENUNCIAMOS PÚBLICAMENTE EL TERRORISMO DE ESTADO EN CONTRA DEL PUEBLO COLOMBIANO Y

RESPONSABILIZAMOS

AL ESTADO COLOMBIANO, Y EN PARTICULAR AL MAYOR GENERAL JUSTO ELISEO PEÑA SÁNCHEZ (III DIVISIÓN DEL EJÉRCITO DE COLOMBIA), POR LA ACCIÓN OMISIVA Y CÓMPLICE DE SERIAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR INTEGRANTES DEL LAS FUERZAS REGULARES DEL ESTADO COLOMBIANO EN EL MUNICIPIO DE TULÚA; POR LA VIDA, INTEGRIDAD FÍSICA Y LOS BIENES DE LOS CAMPESINOS ASENTADOS EN LA ZONA DE OPERACIONES DE LAS UNIDADES MILITARES QUE DIRIGE. Y EN ESPECIAL POR EL CRIMEN DE ESTADO COMETIDO EN CONTRA DEL CIUDADANO CAMPESINO CÉSAR CUADROS LEAL Y POR LA VIDA E INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS CIUDADANOS CAMPESINOS NATALY GARCÍA RAMOS, MARY LUZ ARANGO Y MIRIAM GAVIRIA

EXIGIMOS

A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (OACNUDH)
El cumplimiento de su mandato como veedores de que el estado colombiano cumpla con sus obligaciones constitucionales y de los Derechos Internacionales de los Derechos Humanos.

AL ESTADO COLOMBIANO
El inmediato cumplimiento de las reiteradas recomendaciones que sobre el respeto y acatamiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha formulado la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, La comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y demás organismos internacionales.
Detener las medidas represivas y el amedrentamiento a las que están siendo sometidas las comunidades del Municipio de Tulúa en el Departamento del Valle del Cauca por parte de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano.
Garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, y el derecho a la libre movilidad de los Ciudadanos colombianos NATALY GARCÍA RAMOS, MARY LUZ ARANGO Y MIRIAM GAVIRIA que se están viendo afectados por la acción ilegal y arbitraria de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano.
Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por la ejecución extrajudicial del ciudadano colombiano CÉSAR CUADROS LEAL

A LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
Detener las medidas represivas y el amedrentamiento a las que están siendo sometidas las comunidades del Municipio de Tulúa en el Departamento del Valle del Cauca por parte de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano.
Garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, y el derecho a la libre movilidad de los Ciudadanos colombianos NATALY GARCÍA RAMOS, MARY LUZ ARANGO Y MIRIAM GAVIRIA que se están viendo afectados por la acción ilegal y arbitraria de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano.
Impulsar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por la ejecución extrajudicial del ciudadano colombiano CÉSAR CUADROS LEAL

A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Cumplir con su papel institucional de velar por la garantía y el respeto a los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica y el derecho a la libre movilidad de los Ciudadanos asentados en el municipio de Tulúa, que se están viendo afectados por la acción ilegal y arbitraria de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano.
Garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, y el derecho a la libre movilidad de los Ciudadanos colombianos NATALY GARCÍA RAMOS, MARY LUZ ARANGO Y MIRIAM GAVIRIA que se están viendo afectados por la acción ilegal y arbitraria de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano.

SOLICITAMOS

A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (OACNUDH)
En el marco del cumplimiento de su mandato, prestar toda su gestión para que las actuaciones del Estado Colombiano se apeguen a las Normas internas y externas que se ha comprometido a respetar y que se inicien las investigaciones a que haya lugar por el desconocimiento de las mismas.

INSTAMOS A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS Y ORGANIZACIONES POPULARES A MANTENERSE ATENTOS Y ALERTA LA CRITICA SITUACION DE DERECHOS HUMANOS QUE ESTA AFRONTANDO EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

RED DE DERECHOS HUMANOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO
"FRANCISCO ISAIAS CIFUENTES"
8 DE JULIO DE 2008

INSTITUCIONES A DONDE SE DEBEN DIRIGIR
ALVARO URIBE VELEZ
Presidente de la República
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá
Fax. 5662071
auribe@presidencia.gov.co

FRANCISCO SANTOS
Vicepresidente de la República
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.
fsantos@presidencia.gov.co

JUAN MANUEL SANTOS
Ministro de la Defensa
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.
siden@mindefensa.gov.co
infprotocol@mindefensa.gov.co
mdn@cable.net.co

CARLOS HOLGUIN SARDI
Ministro del Interior y de Justicia
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.
Fax. 2221874
ministro@minjusticia.gov.co

MARIO IGUARAN
Fiscal General de la Nación
Diagonal 22B No. 52-01 Bogotá D.C.
Fax. 570 20 00
contacto@fiscalia.gov.co
denuncie@fiscalia.gov.co

WOLMAR ANTONIO PEREZ ORTIZ
Defensor del Pueblo
Calle 55 No. 10 – 32 Bogotá D.C.
Fax. 640 04 91
defensoria@defensoria.org.co
secretaria_privada@hotmail.com

EDGARDO JOSE MAYA VILLAZÒN
Procurador General de la Nación
Cra. 5 No.15 – 80F Bogotá D.C.
anticorrupción@presidencia.gov.co
reygon@procuraduría.gov.co

CARLOS FRANCO
Programa Presidencial De Derechos Humanos Y De Derecho Internacional Humanitario.
Clle 7 N° 5 – 54 Bogotá D.C.
Fax. 337 46 67
cefranco@presidencia.gov.co
fibarra@presidencia.gov.co

NOTA: FAVOR REMITIR AL SIGUIENTE CORREO LOS OFICIOS, GESTIONES E INFORME DE LAS ACCIONES QUE ADELANTEN CON BASE EN ESTA INFORMACIÓN. redfcifuentes@gmail.com, redfcifuentes@yahoo.es

Denuncia pública: agresiones contra campesinos vallecaucanos

2008-06-30T15:59:00.001-07:00

URGENTE

A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

LA RED DERECHOS HUMANOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO
"Francisco Isaías Cifuentes"

DENUNCIA PÚBLICA

AL SUR OCCIDENTE DE COLOMBIA, SOBRE LA CORDILLERA CENTRAL, EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, MUNICIPIO DE TULÚA, CORREGIMIENTOS DE TOCHECITO Y PUERTO FRAZADAS, VEREDAS EL RECREO Y ALTO EL ROSARIO.

En desarrollo de la autodenominada "Estrategia para el Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo Social" y los componentes de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática. El Estado Colombiano, continúa desplegando una guerra de terror militar en contra de humildes ciudadanos campesinos, sus líderes naturales y sus organizaciones.

DE ACUERDO A DENUNCIAS RECIBIDAS RECIENTEMENTE:

En desarrollo de la Política de Seguridad Democrática, militares del Estado Colombiano integrantes del Batallón de Infantería No. 23 Vencedores (sede municipio de Cartago), y la Brigada Móvil No. 20, perteneciente y agregada operacionalmente a la III Brigada, adscritos a la III División del Ejercito del Estado Colombiano al mando del Mayor General JUSTO ELISEO PEÑA SÁNCHEZ. Continúan aterrorizando a los pobladores y líderes naturales, mediante señalamientos, agresiones físicas y psicológicas, la realización de amenazas y retenciones arbitrarias.

Como política de estado, el ejército del Estado Colombiano, señala y retiene arbitrariamente indefensos campesinos y posteriormente los presenta ante los medios masivos de comunicación y ante la comunidad internacional como insurgentes, en su afán por posicionar el sofisma del incremento de resultados cuantitativos de la política de "seguridad democrática" en su lucha frontal contra el "enemigo interno".

Como política de Estado, en esta zona, se agudiza a diario la etapa militar del desarrollo de la Doctrina de la Acción Integral, en donde a través de la intimidación y aniquilación de campesinos y sus organizaciones, el estado busca expropiar a campesinos de sus medios de producción comunitarios, desarraigarlos de sus territorios ancestrales y su cultura, atacando sistemáticamente a organizaciones y a sus líderes naturales, para posteriormente insertar a los lugareños en el modo de producción capitalista a través de planes y proyectos denominados de desarrollo sostenible.

Esta clase de acciones que en la cordillera central, tienen amedrentada a las comunidades campesinas, son ejecutadas como política de Estado y a diario se desarrollan en Colombia, por lo tanto, responsabilizamos al estado colombiano en cabeza del señor ÁLVARO URIBE VÉLEZ, al Gobernador del Departamento del Valle del Cauca, señor JUAN CARLOS ABADIA y a las fuerzas militares y de policía por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos en contra de los ciudadanos asentados en las zonas de operaciones del ejército de Colombia en el municipio de Tulúa.

HECHOS.

Al sur occidente de Colombia, sobre la cordillera central, en el Departamento del Valle del Cauca, municipio de Tulúa

Miércoles 21 de Mayo de 2008

En el corregimiento Tochecito, vereda El Recreo, finca El Paraíso, tres integrantes del Batallón de Infantería No. 23 "Vencedores", hacen presencia en el lugar, indagando por el ciudadano colombiano HEBERTO MARÍN PELÁEZ (quien reside en dicha finca).

Posteriormente los militares del Estado Colombiano, preguntan a los presentes en el lugar, por las actividades del ciudadano MARÍN PELÁEZ y por su localización, aduciendo que "había quejas" de dicho ciudadano colombiano. Ante la no presencia en el lugar del ciudadano Marín Peláez. El grupo de militares procedieron a tomarle fotografías a la señora ROSA MARÍA SALAZAR, residente de la zona.

Posteriormente (en fecha sin establecer)

Integrantes del Batallón de Infantería No. 23 "Vencedores", hacen presencia en la casa de habitación del ciudadano Colombiano FERNANDO GONZÁLEZ NOVOA.

El grupo de Militares del Estado Colombiano, indagan por el paradero del ciudadano colombiano HEBERTO MARÍN PELÁEZ, y señalan que dicho ciudadano realiza "reuniones subversivas" en la región.

Es de resaltar que los ciudadanos colombianos HEBERTO MARÍN PELÁEZ y FERNANDO GONZÁLEZ NOVOA, se desempeñan como trabajadores del campo y son miembros de la Asociación Campesina Agroecológica de Tochecito y de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca (ASTRACAVA), la cual a su vez es filial de la Federación Sindical unitaria Agropecuaria FENSUAGRO-CUT.

Domingo 1 de junio de 2008

En el corregimiento Puerto Frazadas, vereda Alto El Rosario, Militares del Estado Colombiano pertenecientes a la Brigada Móvil No. 20, al mando del sargento primero FORERO y el sargento segundo SALAZAR, instalan un reten militar en la zona.

Posteriormente retienen arbitrariamente al ciudadano campesino ROSEMBERG GAVIRIA, al cual le realizan amenazas y señalamientos, y lo privan de su libertad durante cuatro días.

Finalmente y luego de cuatro días de agresiones físicas y psicológicas el grupo de militares colombianos dejarla en libertad al ciudadano ROSEMBERG GAVIRIA.

Lunes 2 de junio de 2008

En el corregimiento Puerto Frazadas, vereda Alto El Rosario, Militares del estado Colombiano pertenecientes a la Brigada Móvil No. 20, al mando del sargento primero FORERO y el sargento segundo SALAZAR, haciendo uso de capuchas para cubrir sus rostros, ingresan arbitrariamente a la residencia de la ciudadana colombiana GLORIA CARDONA.

Posteriormente el grupo de militares del Estado Colombiano, retienen arbitrariamente a la señora Cardona, su madre y su hijo. Tiempo en el cual, la amenazan de muerte, intimidan con sus armas de dotación y señalan a la señora CARDONA, de tener vínculos con la insurgencia.
Los militares señalan que "tienen fotos de gloria con guerrilleros" y que "unos reinsertados de la guerrilla la señalan (a la señora Cardona) de pertenecer a la insurgencia".

Finalmente y luego de varias horas de retención ilegal y presiones psicológicas, cerca de las 4:00 de la tarde el grupo de militares del Estado Colombiano abandonan la residencia de la señora Cardona.

Es de resaltar que la ciudadana colombiana GLORIA CARDONA, en la actualidad es la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda La María, corregimiento Puerto Frazadas, municipio Tulúa.

Lunes 3 de junio de 2008

En el corregimiento Puerto Frazadas, vereda Alto El Rosario, Militares del estado Colombiano pertenecientes a la Brigada Móvil No. 20, al mando del sargento primero FORERO y el sargento segundo SALAZAR, retienen arbitrariamente a tres jóvenes campesinos de la zona a quienes les preguntan insistentemente y de manera intimidantes por un tal Miguel, del cual (los retenidos) manifiestan no tener conocimiento. Finalmente y luego de varias horas de retención y de presiones psicológicas los jóvenes son dejados en libertad.

En horas de la tarde un grupo de militares del Estado Colombiano, realizan toma fotográfica, sobre los trabajadores de la parcela de la ciudadana GLORIA CARDONA

ANTE EL TEMOR EXPRESAMENTE FUNDADO DE LAS COMUNIDADES FRENTE A LAS EXTRALIMITACIONES EN EL EJERCICIO DE LA FUERZA POR PARTE DE MILITARES COLOMBIANOS EN EL SECTOR DE COMUNIDADES CAMPESINAS Y LOS LAMENTABLES PRECEDENTES DE ACCIONES SIMILARES.

DENUNCIAMOS PÚBLICAMENTE EL TERRORISMO DE ESTADO EN CONTRA DEL PUEBLO COLOMBIANO Y

RESPONSABILIZAMOS

AL ESTADO COLOMBIANO, y en particular AL MAYOR GENERAL JUSTO ELISEO PEÑA SÁNCHEZ (III DIVISIÓN DEL EJÉRCITO DE COLOMBIA), POR LA ACCIÓN OMISIVA Y CÓMPLICE DE SERIAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS COMETIDAS POR INTEGRANTES DEL LAS FUERZAS REGULARES DEL ESTADO COLOMBIANO EN EL MUNICIPIO DE Tulúa; POR LA VIDA, INTEGRIDAD FÍSICA Y LOS BIENES DE LOS CAMPESINOS ASENTADOS EN LA ZONA DE OPERACIONES DE LAS UNIDADES MILITARES QUE DIRIGE. Y EN ESPECIAL POR LA VIDA E INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS CIUDADANOS CAMPESINOS HEBERTO MARÍN PELÁEZ, FERNANDO GONZÁLEZ NOVOA, ROSEMBERG GAVIRIA y GLORIA CARDONA

EXIGIMOS

A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (OACNUDH)
El cumplimiento de su mandato como veedores de que el estado colombiano cumpla con sus obligaciones constitucionales y de los Derechos Internacionales de los Derechos Humanos.

AL ESTADO COLOMBIANO
El inmediato cumplimiento de las reiteradas recomendaciones que sobre el respeto y acatamiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha formulado la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, La comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y demás organismos internacionales.
Detener las medidas represivas y el amedrentamiento a las que están siendo sometidas las comunidades del Municipio de Tulúa en el Departamento del Valle del Cauca por parte de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano.
Garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, y el derecho a la libre movilidad de los Ciudadanos colombianos, HEBERTO MARÍN PELÁEZ, FERNANDO GONZÁLEZ NOVOA, ROSEMBERG GAVIRIA y GLORIA CARDONA que se están viendo afectados por la acción ilegal y arbitraria de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano.

A LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
Detener las medidas represivas y el amedrentamiento a las que están siendo sometidas las comunidades del Municipio de Tulúa en el Departamento del Valle del Cauca por parte de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano.
Garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, y el derecho a la libre movilidad de los Ciudadanos colombianos, HEBERTO MARÍN PELÁEZ, FERNANDO GONZÁLEZ NOVOA, ROSEMBERG GAVIRIA y GLORIA CARDONA que se están viendo afectados por la acción ilegal y arbitraria de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano.

A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Cumplir con su papel institucional de velar por la garantía y el respeto a los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica y el derecho a la libre movilidad de los Ciudadanos asentados en el municipio de Tulúa, que se están viendo afectados por la acción ilegal y arbitraria de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano.
Garantizar los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, y el derecho a la libre movilidad de los Ciudadanos colombianos, HEBERTO MARÍN PELÁEZ, FERNANDO GONZÁLEZ NOVOA, ROSEMBERG GAVIRIA y GLORIA CARDONA que se están viendo afectados por la acción ilegal y arbitraria de las Fuerzas regulares del Estado Colombiano

SOLICITAMOS

A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (OACNUDH)
En el marco del cumplimiento de su mandato, prestar toda su gestión para que las actuaciones del Estado Colombiano se apeguen a las Normas internas y externas que se ha comprometido a respetar y que se inicien las investigaciones a que haya lugar por el desconocimiento de las mismas.

INSTAMOS A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS Y ORGANIZACIONES POPULARES A MANTENERSE ATENTOS Y ALERTA LA CRITICA SITUACION DE DERECHOS HUMANOS QUE ESTA AFRONTANDO EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

RED DE DERECHOS HUMANOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO
"FRANCISCO ISAIAS CIFUENTES"
30 DE JUNIO DE 2008

INSTITUCIONES A DONDE SE DEBEN DIRIGIR
ALVARO URIBE VELEZ
Presidente de la República
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá
Fax. 5662071
auribe@presidencia.gov.co

FRANCISCO SANTOS
Vicepresidente de la República
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.
fsantos@presidencia.gov.co

JUAN MANUEL SANTOS
Ministro de la Defensa
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.
siden@mindefensa.gov.co
infprotocol@mindefensa.gov.co
mdn@cable.net.co

CARLOS HOLGUIN SARDI
Ministro del Interior y de Justicia
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.
Fax. 2221874
ministro@minjusticia.gov.co

MARIO IGUARAN
Fiscal General de la Nación
Diagonal 22B No. 52-01 Bogotá D.C.
Fax. 570 20 00
contacto@fiscalia.gov.co
denuncie@fiscalia.gov.co

WOLMAR ANTONIO PEREZ ORTIZ
Defensor del Pueblo
Calle 55 No. 10 – 32 Bogotá D.C.
Fax. 640 04 91
defensoria@defensoria.org.co
secretaria_privada@hotmail.com

EDGARDO JOSE MAYA VILLAZÒN
Procurador General de la Nación
Cra. 5 No.15 – 80F Bogotá D.C.
anticorrupción@presidencia.gov.co
reygon@procuraduría.gov.co

CARLOS FRANCO
Programa Presidencial De Derechos Humanos Y De Derecho Internacional Humanitario.
Clle 7 N° 5 – 54 Bogotá D.C.
Fax. 337 46 67
cefranco@presidencia.gov.co
fibarra@presidencia.gov.co

NOTA: FAVOR REMITIR AL SIGUIENTE CORREO LOS OFICIOS, GESTIONES E INFORME DE LAS ACCIONES QUE ADELANTEN CON BASE EN ESTA INFORMACIÓN. redfcifuentes@gmail.com, redfcifuentes@yahoo.es

AGROCOMBUSTIBLES LA TRAGEDIA DEL CAMPESINADO EN LA ACUMULACIÓN DE RIQUEZAS DEL EMPRESARIADO AGROEXPORTADOR DEL VALLE DEL CAUCA.

2008-06-22T14:26:00.000-07:00

AGROCOMBUSTIBLES LA TRAGEDIA DEL CAMPESINADO EN LA ACUMULACIÓN DE RIQUEZAS DEL EMPRESARIADO AGROEXPORTADOR DEL VALLE DEL CAUCA.

COORDINACIÓN CAMPESINA DEL VALLE DEL CAUCA (CCVC)

PROCESO DE UNIDAD POPULAR DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO (PUPSOC)

PONENCIA PRESENTADA A LA SESIÓN DEL SENADO DE LA REPUBLICA. PRADERA VALLE DEL CAUCA JUNIO 14 DE 2.008

1. PROBLEMÁTICA AGRARIA EN EL VALLE DEL CAUCA.

Los datos del Plan Departamental de Desarrollo plantean que en el Valle del Cauca el 14% de su población (cerca de 595.000 personas, 14% de la población) habita la zona rural, cuyo sustento se deriva del desarrollo de labores agropecuarias. La inmensa mayoría de los habitantes de la zona rural en el Valle el Cauca (indígenas, campesinos y afrocolombianos), tanto de la zona plana como de la zona media y alta, no poseen suficiente tierra o no tienen propiedad alguna sobre la tierra, a causa de varios procesos de desarraigo violento al que han sido sometidas las comunidades rurales, esto ha conllevado a considerar al Valle del Cauca, como el departamento con mayor concentración en la propiedad sobre la tierra.

Sobre las tierras arrebatadas al campesinado, a las comunidades afrocolombianas e indígenas, mediante métodos de violencia sistemática, se ha sembrado la caña de azúcar para hacer de la tragedia de las comunidades rurales, la fuente de riqueza de los agroempresarios azucareros.

Esto ha conllevado a que los fértiles campos de la zona plana del valle del río cauca, se destinen a la producción para la exportación de azúcar y desde 2.003 agrocombustibles, en desmedro de la producción local de alimentos, conduciendo al Valle del Cauca a ser el departamento con mayor dependencia alimentaria en Colombia, siendo este un factor de riesgo para la población más pobre de la región, en tanto que deben destinar la mayor parte de sus bajos ingresos a la adquisición de alimentos.

El modelo agroexportador de azúcar y en la actualidad de agrocombustibles implementado en el valle del cauca es frágil desde el punto de vista económico, pues depende en su totalidad del mercado internacional, además se debe tener en cuenta que aunque el Valle del cauca tiene ventajas comparativas y competitivas países latinoamericanos como Brasil producen azúcar y etanol con menores costos de producción, hasta de un 92% menor para etanol.

El modelo agroexportador ha sido rentable para los grandes gremios por las siguientes razones:

1. Porque el estado brinda gigantescos subsidios a la producción agroexportadora. Solo en 2.007 los cinco ingenios más grandes del valle del cauca, recibieron “más de 1.500 millones de dólares para la producción de etanol”¹ como parte de la política del Minagricultura en términos de exoneración de impuestos e incentivos. Los productores de Etanol por su parte percibieron “6.100 millones de pesos en incentivos no reembolsables, 20.000 millones de pesos del programa Agro Ingreso Seguro -AIS-”²; mientras que el presupuesto de INCODER para compra de tierras para más de 8 millones de campesinos que carecen de tierras solo fue de 20.000 millones de pesos.

2. La flexibilización laboral impulsada por el gobierno a través de la ley 789 de 2.002, que condujo a la creación de Cooperativas de Trabajo Asociado -CTAs-, que incrementaron la explotación hasta niveles infrahumanos.

3. Los costos de producción de etanol son de US$1.91 por galón y el precio de venta es de US$3,9 por galón. Esto se da por los dos factores mencionados anteriormente y por el aumento internacional en el precio del petróleo.

Así entonces el Gobierno Colombiano les quita valiosos recursos a los agricultores pobres necesitados de tierras, créditos blandos, investigación agropecuaria y transferencia de tecnología para entregárselos a los empresarios ricos, que se han hecho al poder de la tierra mediante la coerción, el desplazamiento forzado y el asesinato.

1.2. AGROCOMBUSTIBLES Y LA NEOESCLAVITUD EN EL VALLE DEL CAUCA

En la actualidad en el Valle del Cauca 16.000 corteros laboran diariamente en 200.000 Has, de los cuales el 90% son contratados a través de CTAs, el 10% restante está contratado directamente por los ingenios, de las 200.000 Has, 37.000 se destinan a la producción de alcohol carburante³.

Para 2020, el Gobierno Colombiano pretende lograr mezclas de etanol con gasolina en una relación 20%-80% (mezclas E20), para todo el territorio nacional, para lo cual aumentará el área sembrada a 72.000 Has, siendo necesario ampliar las áreas de cultivo de caña para etanol hacia las laderas y piedemontes de las cordilleras central y occidental.

De este modo, para que la producción de Etanol siga siendo “rentable” para los empresarios agroexportadores, la flexibilidad laboral, que trae consecuencias desastrosas para los trabajadores deberá acrecentarse y además para aumentar la producción de etanol, el proceso tendrá que ser mecanizado. Por tanto, existen dos panoramas que se interrelacionan de continuarse por el camino de los agrocombutibles, por un lado el aumento de la explotación laboral para los trabajadores de la agroindustria de los agrocombustibles en el Valle del Cauca y por el otro la sustitución de mano de obra por máquinas altamente dependientes de combustibles fósiles.

No obstante, estudios adelantados en Brasil demuestran que 100 Has utilizadas en agricultura familiar generan 35 empleos directos, mientras que si éstas son utilizadas para la producción de agrocombustibles solo generan 10 empleos, por tanto si las 235.000 Has se destinaran a la agricultura familiar se podrían generar 82.250 empleos, versus 23.500 que se generarían si las tierras son usadas para la producción de agrocombustibles como viene siendo la tendencia en Colombia.

1.3. LOS AGROCOMBUSTIBLES NO REDUCEN LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.

El modelo de producción tanto de azúcar como de agrocombustibles en el Valle del Cauca, se fundamentan en los postulados de la revolución verde: Concentración de la tierra, concentración de las fuentes de agua, uso indiscriminado de agrotóxicos de síntesis petroquímica, uso de Organismos Genéticamente Modificados -OMGs-, mecanización del suelo, contaminación del suelo, agua y aire. El paquete completo de revolución verde ha demostrado ser altamente perjudicial para el medio ambiente, en tanto que el 52% de los gases de efecto invernadero son producidos por los agrotóxicos utilizados en agricultura⁴.

El uso del suelo para monocultivos reduce significativamente la biodiversidad, destruye los procesos de sinergia y simbiosis del suelo potencializándose la aparición de plagas, cambia drásticamente los patrones microclimáticos y por tanto de humedad del suelo y de ciclaje de nutrientes.

La concentración de las fuentes de agua trae como consecuencia reducciones significativas de la capacidad de dilución de las sales minerales en las fuentes de agua de los humedales, lo que conlleva a su colmatación y putrefacción, matando a plantas y animales que en otros tiempos fueron consumidos por las comunidades, no obstante, el impacto ambiental más grave, es la reducción de los caudales de agua de consumo por las poblaciones ribereñas del Cauca. En la actualidad se generan cerca de 1.100.000 L/día de etanol, que para ser producidos requieren entre 4-12 Litros de agua por Litro de Etanol, por tanto, si consideramos el requerimiento más bajo de agua (4L), producir etanol requiere 4.400 m³/día. En la actualidad las 37.000 Has de caña sembradas para etanol se consumen 18.500.000 m³ de agua/año⁵.

El uso indiscriminado de agrotóxicos ha salinizado el suelo, ha conllevado a que las propiedades físicas y químicas del suelo se atrofien, disminuyéndose la capacidad de las plantas de absorber los nutrientes del suelo, los agrotóxicos contaminan el agua subterránea, el aire arrastra trazas de agroquímicos por la acción del viento hacia zonas sembradas con cultivos diferentes a la caña, causándose perdidas en los cultivos de los campesinos de las zonas medias de la cordillera central.

La mecanización ha provocado que el suelo se compacte, que se destruyan las propiedades físicas y químicas de uno de los valles más fértiles de Colombia, como es el Valle del Río Cauca.

Las quemas de caña generan altas cantidades de gases de efecto invernadero como CO₂ y NO_x, también producen material particulado que afecta la salud de humanos y animales en las zonas rurales y en los centros poblados.

Los Agrocombustibles no solucionan el problema del calentamiento global, por el contrario lo agravan⁶, ya que la combustión con mayor presencia de productos oxigenados aumenta las concentraciones de NO_x, genera ozono y acetaldehídos, estos actúan como cancerígenos en humanos. Además se debe tener en cuenta que para producir etanol se requiere del uso de combustibles fósiles.

2. EL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL Y EL FOMENTO A LOS MEGAPROYECTOS.

El Plan de Desarrollo Departamental vigente hasta el año presentado por el Señor Gobernador del Valle del Cauca, Doctor Juan Carlos Abadía Campo, agudizará la situación del sector agropecuario en el Valle del Cauca, sobre todo afectará a las comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas, ya que desconoce de facto sus necesidades básicas, este plan propone una única inversión de “2.000 millones de pesos para proyectos de seguridad alimentaria” a través del proyecto RESA que solamente beneficiará a las “2.418 familias rurales del Valle del Cauca que se encuentren en altos niveles de vulnerabilidad”⁷. Sin embargo para el programa “Valle productivo y competitivo” al 2.032, invertirá $3.814.206.695 del presupuesto departamental y $356.016.613.611 de las transferencias nacionales en total $359.830.820.306; para el programa “Desarrollo Turístico del Valle” $9.489.449.751y $1.200.478.999. de recursos del departamento y la nación respectivamente, para un total de $10.689.928.750⁸.

El programa “Valle productivo y competitivo”, “fomentará la capacidad exportadora del Valle del Cauca”⁹; la capacidad exportadora se fundamenta como es lógico en el aumento a la producción de Agrocombustibles (Etanol) y de caña de azúcar, como lo dice el documento Plan de Desarrollo 2.008-2.011 “Las cadenas productivas agroindustriales priorizadas en la Agenda interna de Competitividad están llamadas a ser las abanderadas del desarrollo del sector en el propósito de competir en los mercados internacionales, pues estos son los sectores sobre los cuales se debe basar el desarrollo futuro del Valle del Cauca.”¹⁰

El programa “Desarrollo Turístico para el Valle” plantea “Impulsar el desarrollo turístico competitivo y sostenible del Valle del Cauca como actividad generadora de ingresos, empleo y calidad de vida, que involucre a los municipios de acuerdo a sus potencialidades (…) para desarrollar el macroproyecto Destino Paraíso”¹¹.

Aunque el indicador NBI de 25.8 para las poblaciones rurales, las cifras demuestran que dentro de las prioridades del Gobierno Departamental, NO están las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas, aunque sean los más necesitados. Para el Gobierno Departamental, las 595.000 personas que actualmente habitan el campo, deben integrarse a las cadenas productivas agroindustriales priorizadas, como la producción de etanol, a los planes eco-turísticos de venta de servicios ambientales o condenarse a desaparecer.

3. MEGAPROYECTOS Y DESPLAZAMIENTO DE LAS COMUNIDADES

El Valle del Cauca, por su ubicación geográfica estratégica es paso obligado de las mercancías que se dirigen hacia el pacífico, norte, centro y oriente del país, por tanto, se contempla como un enclave de valiosa importancia en el megaproyecto Iniciativa de Integración de Infraestructura Regional para Sur América -IIRSA-.

Las necesidades de energía eléctrica en USA, el establecimiento de la zona franca del sur del Valle y Norte del Cauca y la entrada en vigencia del TLC Colombia-USA, producirán que nuevas transnacionales se emplacen a lo largo y ancho de la nación y con esto un aumento de las los requerimientos de energía eléctrica, que será suplido mediante la construcción de Centrales Hidroeléctricas y Pequeñas Centrales Hidroeléctricas. El agua que se necesitará para mover la maquinaria de las centrales eléctricas y la utilizada en la industria desplazará el uso que hacen de este elemento natural las comunidades, violándose la constitución colombiana de 1991 y los derechos humanos fundamentales, en tanto que primará el bienestar particular de unos cuantos empresarios por encima del bienestar colectivo de campesinos, indígenas y afrocolombianos. Lejos de ser un pronóstico pesimista, la Multinacional Española EPSA Unión Fenosa, en contubernio con la CVC y el Ministerio de Medio Ambiente y Energía, viene adelantando la construcción de la PCH Amaime 1.400 sobre el río Amaime (entre los municipios de Palmira y El Cerrito), estudios en el Río Guabas (Ginebra), Río Tulúa (Tulúa) y Bugalagrande (Municipios de Sevilla, Tulúa y Bugalagrande), desconociendo los derechos a participar en las decisiones que se tomen sobre los territorios que habitan que tienen las comunidades campesinas ubicadas en las cuencas de estos ríos, entre otros derechos humanos fundamentales.

No es casual que uno de los ejes priorizados en el Plan de Desarrollo Departamental 2.008-2.011 se fundamente en el sector turístico, más aún cuando las zonas habitadas por las comunidades campesinas e indígenas en la zona media y alta de la cuenca del Río Cauca vienen siendo objeto de integración a la política nacional de áreas protegidas, cuya línea base promueve la conservación de las cuencas hidrográficas, sin desarrollo de actividades agropecuarias, en otras palabras, sin campesinos. Cabe resaltar el caso de la subcuenca del río Amaime, que fue considera por CVC como un parque eco-regional. De esta manera se cumple lo estipulado en los principios orientadores del Banco Interamericano de Desarrollo, para la planificación de cuencas “Las cuencas deben ser manejadas dependiendo del mayor aporte a la economía de una región”¹², para el caso de las cuencas de los afluentes del Río Cauca, los mayores aportes a la economía de la región, se basan en la venta de servicios ambientales, como la captación de CO₂, la producción de agua y la regulación del ciclo hidrológico.

4. QUÉ HACER.

1. Desconcentración de la propiedad de la tierra, mediante un proceso gradual de reforma agraria integral democrática y participativa, para que las comunidades agrarias avancen hacia la autosuficiencia alimentaria del Valle del Cauca.

2. El estado debe invertir recursos para la producción agroecológica que disminuya la dependencia a insumos derivados del petróleo y los agroquímicos.

3. Establecer una política de créditos blandos para que las comunidades afrocolombianas, campesinas e indígenas puedan mantener y desarrollar sus actividades agropecuarias basadas en el modelo de economía campesina.

4. El estado debe invertir recursos económicos para el establecimiento de cooperativas de las comunidades campesinas para la transformación agroindustrial.

5. Los Gobiernos Nacional, Departamental y Municipal así como El estado y sus instituciones deben reconocer a las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianos como sujetos de derechos sociales, políticas, culturales y ambientales, así como la autonomía en las decisiones sobre su territorio.

6. Se deben crear mesas de trabajo para la visibilización de la problemática de los habitantes del sector rural, que tiendan a la solución concertada de la problemática.

7. El uso del suelo debe ser fundamentalmente para la producción de alimentos sanos.

8. Los trabajadores de la Agroindustria Agroexportadora de azúcar y etanol deben ser contratados directamente por los ingenios, respetando los derechos de los trabajadores.

9. A los trabajadores de la Agroindustria Agroexportadora de azúcar y etanol se les debe permitir las libertades sindicales contemplados en los acuerdos suscritos por el Estado Colombiano con la OIT.

10. La inversión extranjera debe realizarse en condiciones ventajosas para el país y para las comunidades asentadas en los territorios en los que se realice la inversión.

BIBLIOGRAFÍA

- Álvarez Roa Paula . Los agrocombustibles en boga: El caso del etanol en Colombia. Grupo Semillas. Marzo 3 de 2.008

- DOUROJEANNI, Axel; JOURAVLEV, Andrei; CHAVES ,Guillermo. Gestión del agua a nivel de cuencas. CEPAL. Santiago de Chile 2002.

- Editorial Grain Semillas Julio de 2.008

- García Lozada Héctor. Las otras verdades de la llamada biogasolina. www.rebelion.org

- PLAN DE DESARROLLO 2008 -2011. Buen Gobierno, con seguridad lo lograremos”. ANEXO 3. MATRIZ DE INDICADORES Y METAS POR PROGRAMAS Y OBJETIVOS.

COMUNICADO PÚBLICO DE LA CCVC

2008-05-22T12:54:00.000-07:00

Valle del Cauca, 22 de mayo de 2008.

COMUNICADO PÚBLICO DE LA COORDINACIÓN CAMPESINA DEL VALLE DEL CAUCA

La Coordinación Campesina del Valle del Cauca (CCVC) como organización gremial de las comunidades campesinas de 15 municipios del departamento del Valle del Cauca, Suroccidente Colombiano, denuncia la falta de voluntad política de las directivas de la empresa EPSA (filial de la multinacional española Unión FENOSA) para con la población de las áreas donde se proyecta la construcción de las centrales hidroeléctricas modalidad filo de agua en el departamento del Valle del Cauca.

Las reivindicaciones y movilizaciones de las comunidades y organizaciones campesinas a favor de una concertación justa con EPSA-Unión FENOSA en donde primen los legítimos derechos del campesinado sobre los intereses de las multinacionales y donde sea posible dar cuenta de las necesidades de las zonas en cuestión, han venido siendo respondidas por parte de las directivas de la EPSA con propuestas de inversión que son parte de las obligaciones legales que tiene la empresa en el marco de la construcción de estos proyectos como el 6% de regalías y las inversiones que le obliga el plan de manejo ambiental y los recursos que recibirá por la venta de bonos de no emisión de carbono regulados por el protocolo de Kyoto buscando con esto no realizar inversiones con los recursos propios de la empresa, tal como viene sucediendo en el país con otras multinacionales que muestran estados financieros con bajas utilidades para no invertir en las comunidades y mantener bajos salarios a sus empleados. Al mismo tiempo, EPSA filial de UNION FENOSA ha venido realizando señalamientos tendenciosos contra los líderes de las distintas organizaciones campesinas.

En este marco, el pasado 21 de mayo de 2008 en el sitio Salinas del corregimiento de Aují del municipio de El Cerrito, las distintas asociaciones y organizaciones campesinas de la parte alta de Palmira y El Cerrito llevaron a cabo una movilización pacífica hacia el lugar de Salinas donde era llevado a cabo el evento de colocación de la primera piedra de la Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) del río Amaime, cuya construcción inició EPSA en contravía de los intereses de las comunidades de la zona y de los llamados a la concertación justa de inversiones que realizaron las mismas. Hacia las 10:45 AM la movilización pacífica fue interrumpida en su trayecto hacia el lugar del evento por numerosos efectivos de las Fuerzas Especiales de la III Brigada del Ejército Nacional y de la Policía Nacional, que se encontraban acompañados por un grupo de empleados de EPSA encabezado por la ingeniera Liliana Vidal. Los miembros de las fuerza pública procedieron a negarle el paso a las comunidades movilizadas y a filmarlos y fotografiarlos sin ninguna autorización. Además, los efectivos militares señalaron a los integrantes de la movilización pacífica de ser orientados por la insurgencia.

El mayor González, que comandaba las tropas de la III Brigada presentes en Salinas, hacia las 12:45 PM procedió a halar del brazo a Fabio Agudelo (profesor de la Universidad Santiago de Cali y miembro del Equipo Técnico de la Coordinación Campesina del Valle del Cauca) y a apartarlo en contra de su voluntad del grupo de manifestantes con los que se encontraba. La comunidad participante de la protesta procedió inmediatamente a rodear al efectivo militar solicitando el fin de dicha irregular aprehensión, ante lo cual el mayor González tuvo que soltar al dirigente agrario no sin antes anotar sus datos personales y comentarle irónicamente “se nota que usted es muy importante para la comunidad”.

La Coordinación Campesina del Valle del Cauca denuncia esta clara violación a la libertad de asociación, de expresión y de movilidad por parte de efectivos del Ejército Nacional de Colombia, al tiempo que ratifica su voluntad de seguir acompañando la lucha del campesinado vallecaucano en contra de las agresiones al territorio campesino que llevan a cabo las grandes multinacionales como EPSA filial de Unión FENOSA.

Equipo Técnico - Coordinación Campesina del Valle del Cauca.

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FOTOS MOVILIZACIÓN RÍO AMAIME: